Una nueva muerte bajo custodia estatal encendió las alarmas este 14 de septiembre. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó el fallecimiento de un recluso por problemas de salud en la Comunidad Penitenciaria de Coro, ubicada en el estado Falcón.

La víctima fue identificada como Adwar Arturo Muñoz. Aunque la organización defensora de los derechos humanos señaló que el privado de libertad presentaba complicaciones médicas previas, no se especificó el diagnóstico exacto que causó su deceso.

Hacinamiento crítico y colapso estructural

El hecho sirvió para que la ONG visibilizara nuevamente la precaria realidad que se vive puertas adentro en este centro de reclusión. Según los datos aportados por el OVP, la Comunidad Penitenciaria de Coro alberga actualmente a unos 1.700 reclusos, a pesar de que su infraestructura original fue diseñada para una capacidad máxima de 800 personas.

«Esto significa que el penal funciona a más del 212 % de su capacidad instalada, con un nivel de hacinamiento superior al 112 %», detalló la organización a través de su cuenta oficial en la red social X.

Fallas severas en servicios básicos

A la crítica sobrepoblación se suman denuncias recurrentes sobre la vulneración de los derechos fundamentales de la población penal. El OVP advirtió que la situación de vulnerabilidad se ve agravada por graves deficiencias en la alimentación, escasez de agua potable y la ausencia casi total de servicios médicos funcionales.

Para la ONG, la falta de una atención médica oportuna y preventiva condena a los reclusos que padecen alguna enfermedad a un riesgo inminente de muerte, exigiendo al Estado venezolano garantizar condiciones de reclusión dignas y el derecho a la salud en todas las cárceles del país.