La delegación de Venezuela ante las Naciones Unidas en Ginebra defendió este viernes los avances en materia de derechos humanos registrados en el país desde principios de año. Entre los hitos destacados figuran la promulgación de la ley de amnistía y la liberación de hasta 8.743 detenidos, motivos por los cuales el Estado solicitó formalmente que la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, establecida en 2019, no extienda su mandato.

«Ese mecanismo, establecido y prorrogado sin el consentimiento ni la cooperación del Estado venezolano, ha suscitado serias preocupaciones en cuanto a subjetividad, imparcialidad y no selectividad», ratificó el ministro consejero de la Misión de Venezuela ante la ONU, Enzo Bitteto, durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Objeciones a la metodología y antecedentes

La postura venezolana se expuso luego de que la misión presentara un nuevo informe ante el Consejo, en un contexto marcado por la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Aunque el documento reconoce ciertas mejoras operativas, advierte que las estructuras fundamentales de represión permanecen «intactas».

Bitteto argumentó que este y otros informes previos —los cuales han señalado a altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad— «se sustentan en fuentes secundarias y terciarias y en metodologías que a juicio de nuestro país plantean interrogantes».

La postura de la ONU: reclamo de cambios institucionales

Por su parte, la nueva presidenta de la misión investigadora, la experta peruana Sofía Macher, expuso ante el organismo que no se han hallado indicios suficientes «de una ruptura genuina y sostenible respecto al Gobierno de Maduro y los patrones de represión que caracterizaron ese periodo».

Macher recalcó que una de las evidencias de que el aparato represivo sigue operativo es «la continuidad de los actores y perpetradores de la represión en la jerarquía civil y militar». No obstante, la experta reconoció una baja considerable en las detenciones arbitrarias por motivos políticos y en las desapariciones forzadas, aunque advirtió sobre un incremento en los arrestos de corta duración y la persistencia de denuncias de tortura.

«Venezuela tiene la oportunidad de avanzar hacia un cambio real. Un cambio sostenible en la situación de los derechos humanos, y un verdadero progreso en la restauración del estado de derecho y de la gobernanza democrática, requieren una reforma de las instituciones y leyes vinculadas a la represión política de la última década», concluyó Macher.