La tolda política Vente Venezuela (VV), encabezada por la dirigente opositora María Corina Machado, alertó este lunes sobre el deceso bajo custodia estatal de la prisionera de conciencia y extrabajadora carcelaria Eleiner Sánchez, quien, de acuerdo con la mencionada organización, fue aprehendida en 2024 tras «ventilar irregularidades» en el estado Guárico, situado en la región central del país.

Mediante la red social X, VV aseveró que Sánchez fue evacuada de urgencia desde el centro penitenciario La Crisálida, ubicado en el estado Miranda (al norte y en las inmediaciones de Caracas), hacia un sanatorio público «a causa de un cuadro grave de obstrucción intestinal que derivó en su fallecimiento».

«Lo acontecido constituye un hecho sumamente grave que no puede quedar en el olvido y por el cual continuaremos bregando con mayor determinación», reclamó la agrupación política.

Por su parte, la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) detalló que Sánchez se desempeñó como empleada del Ministerio para el Servicio Penitenciario y dirigió el Internado Judicial para Procesados 26 de Julio, en territorio guariqueño.

Igualmente, la ONG aseveró que la exfuncionaria «arrastraba afecciones de salud desde hacía varios días y había suplicado ser remitida a un centro médico, peticiones que fueron desoídas hasta que su estado de salud alcanzó un punto crítico».

«Fue apenas este domingo 27 de septiembre cuando la trasladaron al Hospital Victorino Santaella Ruiz, situado en la localidad de Los Teques, sitio donde su cuadro clínico ameritaba una intervención quirúrgica de urgencia», puntualizó la entidad defensora de derechos humanos.

Ante este panorama, la organización recalcó que el Estado cuenta con el «deber legal y ético de salvaguardar la vida, la integridad y el bienestar de cualquier individuo recluido, dado que la privación de libertad jamás puede equivaler, bajo ningún precepto, a una sentencia tácita de tortura por omisión de socorro o a la muerte por desatención».

En diciembre de 2024, el Ministerio Público dio cuenta de la captura de Sánchez, alegando que mantenía «un vínculo afectivo» con un interno del penal a su cargo y que presuntamente formaba parte de una red criminal.

Adicionalmente, el organismo fiscal apuntó en aquel momento que dicha supuesta relación «facilitaba el ingreso de teléfonos móviles, armamento y sustancias estupefacientes al establecimiento carcelario».

En diciembre de 2025, tras el deceso del exmandatario regional de Nueva Esparta (estado insular) Alfredo Díaz, Machado y el dirigente opositor Edmundo González Urrutia contabilizaron un total de siete fallecimientos de reclusos por motivos políticos a raíz de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, los cuales desencadenaron una crisis institucional luego de que la autoridad electoral ratificara a Nicolás Maduro como vencedor, resultado calificado de fraudulento por la oposición.

Entre los factores causantes de dichos decesos, ambos líderes políticos señalaron entonces la «negación de asistencia sanitaria, las condiciones infrahumanas, el confinamiento solitario, así como los castigos corporales y los tratos vejatorios y denigrantes», por lo que exigieron justicia para «cada uno de los afectados».