Un ciudadano venezolano que resultó baleado por un oficial migratorio en Texas enfrenta cargos federales por agresión y otros delitos penales que podrían condenarlo a una pena de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con el reporte emitido el martes por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El suceso se acopla a una serie de episodios recientes suscitados en medio de las redadas migratorias promovidas por la administración del presidente republicano Donald Trump, las cuales han generado fuertes cuestionamientos por parte de congresistas demócratas y agrupaciones defensoras de derechos humanos debido al empleo desmedido de la fuerza.
Wilber Garcés, de 28 años, se encuentra bajo custodia y todavía mantiene un proyectil incrustado cerca de la columna vertebral. El martes se presentó ante una corte federal texana, donde se le formalizaron imputaciones por asalto, resistencia, obstrucción y entorpecimiento de la labor oficial.
Versiones encontradas sobre el operativo
De acuerdo con los expedientes judiciales, el pasado 20 de septiembre, efectivos de la División de Operaciones de Detención y Remoción (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron a Garcés tras dictarse una orden definitiva de expulsión en su contra.
Garcés laboraba como repartidor y se trasladaba en su automóvil al momento del arresto. El expediente señala que entregó su licencia a los uniformados, quienes le instruyeron estacionar y descender del rodado, disposiciones que presuntamente desatendió.
Los demandantes sostienen que Garcés aceleró nuevamente y golpeó a un oficial con el espejo lateral. Los agentes lo interceptaron metros más adelante, y el funcionario identificado como L.G. argumentó que el connacional intentó arrollarlo con el vehículo, motivo por el cual accionó su arma de fuego.
Por su parte, en una entrevista telefónica con medios informativos, Garcés relató que suplicó a los agentes que le permitieran orillar el auto en una zona segura antes de someterse al arresto. Según su testimonio, trató de maniobrar para cumplir con la instrucción, pero los tripulantes de la patrulla lo bloquearon, colisionaron su carro y posteriormente le dispararon.
Reclamos de la defensa y antecedentes
«Todavía tiene la bala alojada en el cuerpo, una clavícula fracturada y movilidad reducida. Nos preocupa que pueda desarrollar sepsis y sufrir daños permanentes si no se opera pronto», dijo el domingo su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch.
Ante esta situación, la representación legal introdujo un recurso de habeas corpus para exigir su excarcelación inmediata y su traslado a un centro médico. Paralelamente, el ICE y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) adelantan pesquisas sobre lo ocurrido, mientras que autoridades locales, colectivos humanitarios y legisladores demócratas exigen una indagatoria totalmente independiente.
Este caso evoca otro antecedente fatal ocurrido en julio, cuando el ciudadano mexicano Lorenzo Salgado perdió la vida a manos de un agente del ICE en Houston, Texas, ciudad donde residía desde hacía más de tres décadas y en la que dejó a tres hijos con ciudadanía estadounidense.
