Al menos cuatro personas de la tercera edad fallecieron bajo custodia en diversos recintos carcelarios y policiales del país entre el 19 y el 30 de septiembre, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones. Los fallecimientos forman parte de una cifra que supera las 60 muertes de privados de libertad documentadas por la organización no gubernamental desde el pasado mes de abril de 2026.

El caso más reciente es el de Hermes Carrero, de 63 años, quien sufrió un infarto el 30 de septiembre dentro de su celda en el Internado Judicial de Barinas, 5 días después de que una comisión presidencial para la reforma del sistema de justicia realizara una inspección en dicho centro. El registro del OVP contempla además las muertes de César López (68 años), ocurrida el 26 de septiembre en los calabozos de la Policía Municipal de Roscio; Tomasa Sánchez (72 años), fallecida el 24 de septiembre por paro cardiorrespiratorio en el Centro Penitenciario de Occidente I; y Carmen Rodríguez (66 años), quien murió el 19 de septiembre por infarto en el anexo femenino de Tocuyito.

El organismo de derechos humanos advirtió que estas muertes evidencian el incumplimiento recurrente de los artículos 231, 490 y 491 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales prohíben la privación preventiva de libertad para mayores de 70 años y disponen el arresto domiciliario o medidas humanitarias por razones de salud o edad avanzada.

A la inobservancia de la norma se suma la permanencia prolongada en centros asistenciales provisionales. Una investigación de la ONG realizada sobre una muestra de 7.414 detenidos en 157 sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas identificó a 181 adultos mayores de 65 años recluidos en calabozos de detención preventiva, espacios que carecen de la infraestructura y los servicios médicos requeridos para la atención de patologías crónicas o de alta vulnerabilidad.