La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio. La resolución otorga la luz verde jurídica para que la Asamblea Nacional continúe con el procedimiento legislativo de discusión y eventual aprobación del texto.

A través de la sentencia número 1034 (expediente 26-1387), el máximo tribunal dio respuesta a la solicitud remitida el pasado 13 de octubre por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El proyecto tiene su origen en la propuesta presentada a finales de septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien reconoció públicamente que el instrumento promulgado en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente fue objeto de una «mala aplicación» y un «uso abusivo».

El proceso de revisión dentro del Poder Legislativo está a cargo de una comisión especial de 11 diputados presidida por Pedro Infante. La propuesta contempla la despenalización de diversas conductas actualmente sancionadas, la redefinición de conceptos jurídicos y la posibilidad de modificar el nombre del instrumento a Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Postura de gremios y organizaciones de derechos humanos

El debate sobre la reforma se produce en medio de las observaciones formuladas por diversos sectores de la sociedad civil respecto a la norma, la cual establece penas de entre 10 y 20 años de cárcel. Registros de la organización Foro Penal indican que cerca de 900 personas han sido imputadas bajo esta figura legal desde su entrada en vigencia, señalando que las acusaciones suelen estar vinculadas a delitos de terrorismo o asociación.

Por su parte, representaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas han reiterado la solicitud de derogar íntegramente la norma, advirtiendo que la modificación resulta insuficiente si se mantienen facultades administrativas para el bloqueo de medios digitales o la revocación de concesiones.