La organización no gubernamental Espacio Público emitió un comunicado en el que analiza la propuesta de reforma parcial de la Ley contra el Odio, señalando que, si bien el proyecto suprime las penas privativas de libertad de entre 10 y 20 años de prisión y la prohibición de inscribir partidos políticos, mantiene vacíos legales y discrecionalidad que perpetúan la censura. La ONG advirtió que el traslado de las competencias sancionatorias al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz incrementa la arbitrariedad mediante el establecimiento de multas administrativas de entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, además de fijar de 200 a 600 horas de trabajo comunitario.

Asimismo, la organización alertó sobre la conservación de definiciones ambiguas respecto al hostigamiento y los discursos discriminatorios, al tiempo que se mantiene la obligación para redes sociales de retirar contenidos de manera inmediata sin requerir una orden judicial previa. Espacio Público subrayó que la propuesta normativa deja abierta la vía penal mediante el delito de instigación al odio del Código Penal y no contempla la liberación de personas procesadas ni la anulación de antecedentes penales, por lo que solicitó a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley o una reestructuración ajustada a los estándares internacionales de derechos humanos.