La mesa de negociación entre el oficialismo y un sector opositor notificó este miércoles la conformación formal del Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos para examinar a los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, cuya sustitución integral, correspondiente a sus 32 integrantes, fue acordada el pasado agosto.

Mediante un comunicado difundido en X, las comisiones manifestaron que la finalidad de dicho órgano es verificar que los postulados acaten de manera «rigurosa» con las exigencias formales dictaminadas en la Carta Magna, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la escala de valoración.

La junta, según explicaron las comisiones de trabajo, está integrada por siete juristas de «extensa experiencia» que ejercerán funciones como equipo técnico consultivo, mientras el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional —integrado por 11 legisladores y 12 representantes de la sociedad civil— recaba las postulaciones y realiza los análisis respectivos.

Igualmente, esta instancia examinará a los candidatos para la Inspectoría General de Tribunales y la conducción de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El 25 de septiembre anterior, las representaciones gubernamental y opositora designaron, en el cierre de la segunda ronda de conversaciones, a los siete expertos en derecho que constituyen este ente.

De acuerdo con la nota conjunta leída en esa oportunidad por la jefa de la comitiva opositora, Dinorah Figuera, en compañía de la contraparte oficialista, Jorge Rodríguez, el grupo estará integrado por Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, Silio Sánchez, Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y María Bernardoni Govea, sin profundizar en sus perfiles profesionales.

Posteriormente, el exlegislador Juan Miguel Matheus, integrante de la representación opositora en la negociación, sostuvo que Ramírez Landaeta, Pérez Perdomo, Pulido Márquez y Bernardoni de Govea son profesionales del derecho con «reconocida idoneidad moral y legal», respaldándolos como un «resguardo» para la nación.

El pasado 27 de octubre, el Comité de Postulaciones Judiciales dio inicio a la recepción de candidaturas para las magistraturas que reestructurarán el TSJ.

El comité precisó que los aspirantes a la postulación tienen que poseer la nacionalidad venezolana por nacimiento exclusivamente, conforme a una entrada divulgada en Telegram por el Poder Legislativo.

Asimismo, los candidatos asumen el compromiso de declinar a toda afiliación partidista y no poseer nexos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad o tercero de afinidad, con magistrados de la alta corte, así como con la presidencia de la República, los ministros, el fiscal general, la defensora del pueblo, el contralor general, los rectores del Poder Electoral y la Procuraduría.

Se proyecta que el período de postulaciones concluya el próximo 11 de noviembre para efectuar el nombramiento de los nuevos administradores de justicia el 11 de diciembre.

El actual TSJ se halla compuesto por jueces señalados por la oposición de responder al oficialismo y de haber ratificado la victoria adjudicada a Nicolás Maduro en los comicios presidenciales de 2024, en el marco de alegatos de irregularidades electorales.

Con información de: EFE