De acuerdo con la ONG, La cifra representa el doble de los incidentes registrados de manera individual en agosto y septiembre, periodos en los que se documentaron tres expediente por mes. En cuanto a los afectados, Espacio Público identificó a siete víctimas directas: cuatro periodistas, dos trabajadores de la prensa en general y una activista perteneciente a una organización no gubernamental. Por su parte, los organismos de seguridad del Estado figuraron como responsables en tres de los ocho registros de victimarios.

Patrón de agresiones y perfiles de las víctimas

De acuerdo con el informe de la ONG, la intimidación se posicionó como el mecanismo de vulneración predominante al concentrar el 66 % de las denuncias, seguida por la censura y las amenazas.

En el ámbito geográfico, el Distrito Capital agrupó dos de los casos, mientras que las entidades de Lara, Miranda, Vargas, Yaracuy y el entorno digital reportaron un hecho cada uno.

Sentencias absolutorias y vigencia de trabas informativas

El balance destacó la emisión de decisiones absolutorias en favor de cuatro periodistas y una defensora de derechos humanos durante octubre. Al respecto, Espacio Público enfatizó que dichas medidas confirman que estas personas no debieron permanecer privadas de libertad.

Sin embargo, la organización advirtió que persisten los controles sobre la labor comunicacional. Entre los factores señalados destacan la reforma a la Ley contra el Odio —que contempla sustituir penas de cárcel por sanciones económicas bajo la administración del Ejecutivo—, el bloqueo prolongado a 40 portales web y los impedimentos para el libre ejercicio periodístico en espacios públicos, la Asamblea Nacional y redes sociales.

Cómputo acumulado durante 2026

En el transcurso de los primeros diez meses del año 2026, Espacio Público ha sistematizado 99 casos que comprenden 183 violaciones al derecho a informar y estar informado en el país.

La tipología de los hechos entre enero y octubre sitúa a la intimidación a la cabeza de los registros con 90 eventos, seguida por los episodios de censura con 44 denuncias y las acciones de hostigamiento verbal. Asimismo, del universo de 131 víctimas identificadas en lo que va de año, 77 corresponden a comunicadores sociales (58,78 %) y 19 a ciudadanos particulares (14,50 %).