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Un grupo de 34 militares recluidos en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, se declaró en huelga de hambre para exigir el cese del retardo procesal tras sumar 2.819 días sin sentencia firme. La medida, impulsada por los sargentos involucrados en el alzamiento de Cotiza de 2019, responde a la paralización de la causa por más de seis meses en el Tribunal Tercero de Juicio en Materia de Terrorismo, hecho denunciado este lunes 9 de noviembre por el abogado defensor Miguelangel Forero Terán.
Ante la protesta, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó públicamente al Estado este martes 10 de noviembre por la vida y la integridad física de los 34 uniformados, advirtiendo que el penal carece de personal médico e insumos para atender emergencias o descompensaciones por ayuno prolongado. La ONG Foro Penal precisó en su balance más reciente que de los 322 ciudadanos encarcelados por motivos políticos en el país, 140 pertenecen a las filas de la Fuerza Armada Nacional.