La organización no gubernamental Foro Penal, enfocada en la asistencia jurídica de los detenidos por motivos políticos en Venezuela, registra 321 privados de libertad en la nación, entre los cuales 31 poseen ciudadanía extranjera o doble nacionalidad, de acuerdo con un informe divulgado este miércoles con datos actualizados hasta el 9 de noviembre.
De la cifra global, la entidad señaló que 306 corresponden al género masculino y 15 al femenino, todos adultos, desglosándose en 181 ciudadanos civiles y 140 militares.
A través de la plataforma digital X, Foro Penal afirmó que se desconoce la ubicación actual de uno de los reclusos políticos.
El lunes anterior, dicha institución ratificó la puesta en libertad, bajo régimen de presentación, del hombre de negocios y empresario del sector camaronero en la región del Zulia (occidente, limítrofe con Colombia), José Enrique Rincón, luego de permanecer cerca de cinco meses recluido.
La jefa del sector opositor que sostiene conversaciones con el oficialismo, Dinorah Figuera, expresó hace poco que se estima una notificación sobre próximas liberaciones de detenidos políticos, en un escenario donde se vislumbra el inicio de la cuarta ronda de diálogos impulsados por Norteamérica para lograr un cambio político en territorio venezolano.
El titular del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, exhortó el pasado 2 de noviembre a su par de Venezuela, Oliver Blanco, a «proseguir con la liberación de los presos políticos que todavía siguen en Venezuela», conforme a una nota oficial acerca del encuentro sostenido por ambos en Washington, instancia en la que dialogaron respecto al camino de transformaciones que ha de llevar a unos «comicios libres» en la nación sudamericana.
Luego de la aprehensión de Nicolás Maduro en enero pasado en Caracas por fuerzas de EE.UU., la Administración de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, comunicó un plan de liberaciones que se ha prolongado a lo largo de todo el año y que contempló la sanción, en febrero, de una normativa de amnistía, catalogada por diversas agrupaciones civiles como restrictiva.
El Ejecutivo de Venezuela ha desmentido la existencia de prisioneros de conciencia en el país y sostiene que se trata de individuos arrestados por la comisión de hechos punibles, postura que refutan múltiples asociaciones independientes y agrupaciones políticas de oposición.
Con información de: EFE
