Publicado: 15 de noviembre de 2026
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En: Judicial

A través de una misiva manuscrita divulgada este sábado, más de 150 efectivos militares privados de libertad de Ramo Verde, situado en el estado Miranda, alertaron sobre una presunta «violación al debido proceso y arbitrariedades judiciales» en sus respectivos casos.

En la comunicación, los internos aseguran atravesar un escenario de «indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica», consecuencia de lo que califican como una «inobservancia y violación sistemática» de sus garantías fundamentales, derechos humanos y normas procesales.

El documento detalla la existencia de reclusos que, pese a haber saldado la totalidad de sus sentencias, continúan tras las rejas por falta de una orden de excarcelación. Asimismo, advierten que diversos expedientes carecen de un juzgado asignado o de un estatus definido, sumiendo a los procesados en un «limbo jurídico». A esto se suma, según afirman, el estancamiento sin justificación de los recursos introducidos en etapa de apelación, incumpliendo los plazos fijados por las leyes penales y militares.

Frente a lo que describen como una «absoluta falta de respuesta institucional» y tras considerar agotados los canales regulares, los firmantes notificaron el inicio de una «protesta pacífica y colectiva». En el texto, se comprometen a preservar el buen estado del recinto penitenciario y a mantener un trato respetuoso hacia el personal de custodia.

Los detenidos puntualizaron que la manifestación tendrá carácter indefinido hasta que se instalen mesas de diálogo verificables y obtengan soluciones tangibles. Entre sus peticiones centrales figuran la liberación inmediata de quienes ya cumplieron su pena —tanto en Ramo Verde como en otros penales— y el estricto acatamiento del ordenamiento legal.

Adicionalmente, proponen evaluar la alternativa de otorgar la excarcelación bajo la figura del exilio para los uniformados aprehendidos por motivos políticos, solicitando para ello la mediación de Noruega y otras naciones. De igual forma, exhortan a la Defensoría del Pueblo y a entes internacionales de derechos humanos a acudir al penal para supervisar y resguardar la integridad física de los participantes en la protesta.

Este pronunciamiento ocurre un día después de que la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportara que más de 30 militares recluidos en ese mismo centro superaron las 96 horas en huelga de hambre para demandar su liberación.

Con información de: EFE

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