Un médico especialista aconsejó intervenir quirúrgicamente a Wilber Garcés —el migrante venezolano apresado en el sur de Texas tras recibir un disparo en la espalda por parte de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— con el propósito de extirparle el proyectil que aún conserva alojado en su organismo.

La revelación fue ofrecida este miércoles durante una conferencia de prensa en San Antonio, Texas, por el congresista demócrata Greg Casar, quien acudió ese mismo día al centro de reclusión de Pearsall para constatar el estado físico del connacional y dialogar con él cara a cara.

El parlamentario detalló que el afectado, de 28 años, se desplaza en silla de ruedas, porta un cabestrillo en la extremidad superior izquierda y presenta la lesión de entrada del proyectil cubierta con un apósito donde «se acumula sangre».

Asimismo, Casar añadió que Garcés le confesó padecer dolores «constantes» desde el momento de la agresión armada, habiendo recibido únicamente fármacos analgésicos por vía oral hasta una hora previa a la visita del político, instante en el que le suministraron una inyección que le proporcionó «cierto alivio».

El domingo, luego de que Garcés fuera baleado por personal del ICE, los paramédicos de Austin lo trasladaron a un sanatorio de la zona. No obstante, el centro de salud le concedió el alta apenas tres horas después de su ingreso, conservando el proyectil en su interior.

A partir de ese instante, puntualizó Casar, los custodios lo condujeron inicialmente a una estación de procesamiento del ICE en Pflugerville, al norte de Austin, y posteriormente al complejo de Pearsall, a donde arribó en la madrugada del lunes.

De acuerdo con el legislador, Garcés logró ser evaluado por el facultativo este día en un hospital de San Antonio, el cual sugirió practicarle una intervención quirúrgica para extraer el plomo.

«Evidentemente, todos comprendemos que una cirugía conlleva tanto peligros como ventajas, pero si Wilber y su esposa optan por realizarla, el ICE tiene la obligación de agilizar su asistencia sanitaria», recalcó el congresista, perteneciente al sector progresista del partido demócrata.

La inspección del legislador se produce veinticuatro horas después de que más de un centenar de congresistas emplazaran al ICE a conceder la excarcelación del migrante para garantizarle el tratamiento médico indispensable y frenar su expulsión hacia Venezuela.

Casar reiteró dichas demandas y exigió, paralelamente, claridad acerca de los auxilios médicos brindados a Garcés durante la jornada del suceso.

«Ningún especialista de la salud con el que he conversado considera sensato que un individuo baleado en la espalda, que mantiene el proyectil incrustado, continúa sangrando y padece sufrimientos agudos, haya sido dado de alta en un lapso menor a cuatro horas tras el ataque», aseveró, acotando que «alguien con semejante lesión debió permanecer internado».

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, desestimó también este miércoles mediante una publicación en la red social X las acusaciones de Casar, afirmando que los extranjeros confinados en los centros de detención «disfrutan de una asistencia superior a la existente en la gran mayoría de las cárceles donde purgan condena los ciudadanos estadounidenses».

La jurista defensora de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, interpuso el lunes un recurso ante un tribunal federal para procurar su inmediata liberación y la paralización de su destierro, fijándose una vista judicial para el próximo 30 de septiembre.

El ciudadano venezolano ingresó a territorio estadounidense en 2024 a través de la plataforma CBP One, un mecanismo implementado durante la administración del exmandatario Joe Biden (2021-2025) que facultaba a los migrantes para gestionar una cita en una garita fronteriza y solicitar refugio, conforme a la versión de su asesora legal y sus parientes.

A pesar de haber introducido su petición de asilo, sobre el migrante pesa un decreto de expulsión emitido en rebeldía por un magistrado migratorio. Según explicó Lincoln-Goldfinch, su inasistencia a la citación se debió a que la notificación fue remitida a un domicilio obsoleto, a pesar de haber notificado previamente a las autoridades su cambio de residencia.