Al menos 927 personas han sido imputadas en Venezuela bajo el delito de «incitación al odio» desde la promulgación de la ley en 2017, reveló la organización no gubernamental Foro Penal. El reporte se difunde en el marco de la reciente propuesta de la presidencia encargada para reformar dicha legislación, tras admitir que existió un uso arbitrario de la norma.

De acuerdo con las precisiones brindadas por Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, la acusación por este delito suele ir acompañada por cargos adicionales de terrorismo y asociación para delinquir. En la actualidad, seis de los señalados permanecen bajo privación formal de libertad y 638 afrontan medidas cautelares o restricciones. Ante este escenario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió el sobreseimiento de las causas abiertas, sosteniendo que el instrumento jurídico ha sido utilizado para penalizar el trabajo informativo.

Entre la reforma parlamentaria y la exigencia de derogación

La difusión del balance coincide con la iniciativa del Ejecutivo interino para modificar la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, tarea que fue asignada a una comisión especial de 11 diputados en la Asamblea Nacional.

Pese al planteamiento de revisión impulsado desde la vocería oficialista, defensores de derechos humanos y organismos internacionales como Human Rights Watch han reiterado que la norma debe ser anulada por completo. Los especialistas advierten que la imprecisión técnica en la redacción de la ley mantiene un amplio margen de discrecionalidad para sancionar la opinión y vulnerar el debido proceso.