Publicado: 2 de octubre de 2026
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En: Nacionales

La defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, recibió medida de libertad plena la noche de este jueves 1° de octubre, luego de que el juzgado a cargo de su caso dictara una sentencia absolutoria que la exime de todo cargo penal.

La decisión fue anunciada por la propia activista a través de sus redes sociales. «El Tribunal 3.º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo hace unos minutos ha dictado sentencia absolutoria, declarándome libre de responsabilidad penal respecto de los cargos formulados en mi contra», confirmó San Miguel.

Un proceso judicial de más de dos años

La abogada y especialista en temas militares había sido aprehendida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo internacional. En su momento, las autoridades la vincularon con presuntos planes de conspiración, en un procedimiento ampliamente cuestionado por ONG y organismos internacionales debido a un periodo de incomunicación inicial que incluyó la detención preventiva de varios de sus familiares.

San Miguel permaneció casi dos años privada de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas, tiempo durante el cual sus abogados y allegados denunciaron la falta de atención médica oportuna tras sufrir una fractura de hombro durante su reclusión.

En enero de 2026, la activista fue excarcelada en el marco de gestiones diplomáticas lideradas por la Embajada de España —al poseer doble nacionalidad— y posteriormente se trasladó a Madrid. Tras su regreso a Venezuela en mayo de este mismo año, solicitó formalmente ante los tribunales el cierre definitivo del expediente en su contra.

Al conocer el fallo que le otorga la libertad plena, San Miguel expresó su agradecimiento a las organizaciones de la sociedad civil y multilaterales que acompañaron su caso, manifestando su solidaridad con quienes aún permanecen privados de libertad por motivos políticos.

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