A más de tres meses del evento telúrico registrado el pasado 24 de junio, la crisis por las soluciones habitacionales en la capital venezolana escaló este jueves 1 de octubre. Vecinos del urbanismo Óscar López Rivera y de complejos residenciales adyacentes a la avenida Bolívar cerraron de forma pacífica el tránsito en esta arteria vial para exigir la intervención directa del Ejecutivo Nacional.
La medida de protesta responde al estancamiento en la asignación de soluciones habitacionales y al retraso en la entrega del denominado «Bono de Contingencia». Tras el doblete sísmico que causó afectaciones estructurales críticas en varios edificios de la zona —obligando a cientos de familias a desalojar sus inmuebles e instalarse en refugios y carpas de contingencia—, los damnificados aseguran no haber recibido respuestas definitivas sobre la reconstrucción o adjudicación de nuevas viviendas.
Irregularidades en el censo y falta de insumos básicos
Durante la manifestación, voceros de las comunidades afectadas manifestaron su descontento ante lo que califican como un manejo deficiente de los recursos y los censos oficiales.
«Nos vimos en la necesidad de trancar la calle porque hace tres meses del bono de contingencia, estamos en la carpa y no estamos siendo beneficiados. Trajeron un bono y censaron a personas ajenas a los edificios afectados», denunció una de las voceras del urbanismo Oscar López Rivera.
A la incertidumbre habitacional se suma la precariedad económica de las familias en los refugios temporales. Los manifestantes señalaron que la falta de vivienda y de asistencia financiera ha impactado directamente el inicio del año escolar, impidiendo a los padres adquirir uniformes, útiles y calzado para sus hijos, así como cubrir medicinas de alto costo.
Asimismo, rechazaron las medidas asistenciales coyunturales. «No queremos agua ni parches; no queremos más parches. Exigimos viviendas dignas y soluciones de fondo», enfatizó otra de las afectadas dirigiéndose a las autoridades nacionales.
Diálogo y despliegue institucional
Ante la interrupción del tráfico, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y representantes de instituciones estatales acudieron al lugar. Durante la mediación, los funcionarios policiales reconocieron el carácter pacífico del reclamo y la legitimidad de las exigencias sociales frente a las fallas institucionales.
Por su parte, representantes gubernamentales y enlaces de programas como Barrio Nuevo Barrio Tricolor y la Gran Misión Venezuela Renace sostuvieron un acercamiento inicial con las familias concentradas en la vía. La propuesta institucional se orienta a establecer mesas de trabajo junto a los voceros de cada edificio para revisar los listados de familias damnificadas y canalizar las alternativas de reubicación o reparación estructural.
A pesar de los llamados al diálogo por parte de los voceros gubernamentales, la comunidad afectada condicionó la paralización de las medidas de protesta a la presentación de un cronograma concreto de asignación de viviendas y al pago efectivo de los beneficios socioeconómicos prometidos desde el mes de junio.
