Operaciones de maquinaria pesada y camiones de volteo dedicados a la recolección de los más de 2,1 millones de toneladas de escombros dejados por los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira están levantando densas nubes de polvo sobre zonas residenciales y comerciales; vecinos y medios locales denuncian la ausencia de riego preventivo y el traslado de desechos sin lona, lo que expone a la población a partículas en suspensión con potenciales riesgos respiratorios y cardiovasculares, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con denuncias del diario regional La Verdad de Vargas, la dispersión de sedimentos afecta de manera crítica a niños, adultos mayores y pacientes con patologías respiratorias preexistentes en parroquias como Catia La Mar, Caraballeda y Urimare. Pese a la alerta comunitaria, las autoridades ambientales aún no han difundido mediciones oficiales sobre la calidad del aire ni evaluaciones técnicas que determinen el grado exacto de toxicidad o concentración del material particulado en el ambiente.
Por parte del Ejecutivo, el Ministerio de Ecosocialismo mantiene la meta de procesar e incorporar los residuos al plan de reconstrucción «Venezuela Renace», estimando triturar el 80% del material en un plazo de un año a través de 14 Centros de Disposición Temporal. No obstante, organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dimensionan el volumen total de escombros en 2,1 millones de toneladas —entre estructuras colapsadas y enseres domésticos—, lo que exige reforzar de manera urgente los protocolos de contención ambiental durante su acarreo para evitar mayores secuelas en la salud pública regional.
