El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que familiares de personas privadas de libertad en recintos de Carabobo, Guárico, Miranda y Lara reportaron cobros irregulares de entre 50 y 100 dólares por interno para financiar la compra de pintura y reparaciones de infraestructura, exigencias que se suman a cuotas semanales de entre 5 y 12 dólares para el acceso a agua potable, alimentos, traslados y visitas conyugales.

El director de la organización, Humberto Prado, señaló que estas exigencias —comunicadas mediante llamadas telefónicas o durante visitas familiares— vulneran los derechos fundamentales, contravienen la responsabilidad estatal en el mantenimiento carcelario atribuida al Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (Fonep) y podrían configurar delitos de concusión y corrupción. Ante esta situación, la ONG anunció que consignará evidencias ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo para exigir la apertura de investigaciones exhaustivas sobre el personal de custodia involucrado.