Durante la sesión inaugural celebrada este lunes en la Audiencia Nacional de Madrid, el exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, reclamó la anulación del procedimiento judicial abierto contra antiguos ejecutivos de la compañía española Duro Felguera por el presunto cobro de comisiones ilegales en el país sudamericano.
Villalobos adujo la prescripción del procedimiento y la vulneración de derechos fundamentales en relación con el registro de su domicilio, al comenzar el juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid.
Su defensa pidió la nulidad también porque se puede considerar como asunto juzgado en Venezuela, según argumentó.
Acusaciones e investigación judicial
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los procesados los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en transacciones internacionales y falsedad documental, supuestamente perpetrados en 2009.
Según el Ministerio Público, el esquema ilícito contó con la mediación del entonces titular de la cartera de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, con el fin de otorgar a Duro Felguera el proyecto de construcción de una planta termoeléctrica. A cambio de dicha adjudicación, la firma asturiana habría acordado el pago de gratificaciones ilícitas a cargos públicos del Gobierno venezolano.
Mediante sociedades interpuestas, el expresidente de la empresa Juna Carlos Torres Inclán y el exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar «hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares» al exviceministro Villalobos.
Esa cantidad se pagó en tres tandas, según Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.
Acuerdos y admisiones de responsabilidad
En el arranque del proceso oral, la acusación pública alcanzó un acuerdo de conformidad con el expresidente de Técnicas Reunidas en Venezuela, Luis Barrios, quien ratificó su participación en la trama mediante videoconferencia desde Estados Unidos.
Por su parte, el expresidente de Duro Felguera, Juan Carlos Torres Inclán, también admitió la responsabilidad en los hechos imputados. En consecuencia, la Fiscalía redujo substancialmente su solicitud de condena —que inicialmente ascendía a nueve años y medio de prisión— fijándola en una sanción pecuniaria de 4.800 euros.
Con información de: EFE
