Las 57 familias que habitan el Conjunto Residencial Tanaguarena, ubicado en la avenida principal de esta localidad, hacen un llamado de atención urgente a las autoridades competentes debido a la pronunciada inclinación de la estructura. Según denuncian los afectados, los daños en el inmueble se agravaron significativamente tras el sismo registrado el pasado 24 de junio.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres inspecciones técnicas y diversas revisiones por parte de representantes de la Comisión Presidencial. Los últimos dos ingenieros que evaluaron el edificio destacaron la necesidad de acelerar los resultados de los estudios técnicos especializados para determinar formalmente el nivel de vulnerabilidad del inmueble y tomar una decisión definitiva. Los residentes coinciden de manera unánime en que la edificación requiere una demolición inminente; sin embargo, señalan que de esta resolución oficial depende la activación de los apoyos financieros y las ayudas estatales.

Trabas financieras por la clasificación de riesgo

A la fecha, los afectados solicitan formalmente que se dé a conocer el estado real de la edificación para proceder con una solución habitacional. Recalcan que, mientras el sistema oficial no modifique el estatus de la etiqueta del edificio a la categoría de «colapsada», las entidades bancarias y financieras se ven imposibilitadas para aprobar los créditos de vivienda correspondientes.

Fallas de atención y errores de sistema en el Ministerio de Hábitat y Vivienda

A la problemática de la infraestructura se suman irregularidades administrativas denunciadas ante el Ministerio para Hábitat y Vivienda en Caracas:

• Inconsistencias en los códigos QR: Varios propietarios han acudido hasta en ocho oportunidades a la sede ministerial para solicitar la corrección de datos en el sistema, ya que al escanear sus códigos QR las direcciones no coinciden con la documentación legal de sus inmuebles. Esta discrepancia ha provocado que las agencias bancarias devuelvan las carpetas de solicitud.
• Demoras en la respuesta: A pesar de que las autoridades del ministerio han manifestado que el trámite de corrección es un proceso breve, los afectados aseguran llevar semanas en espera de una solución efectiva. Las respuestas recibidas en el lugar indican que las modificaciones dependen de la Vicepresidencia de la República o que el volumen de solicitudes excede la capacidad del personal asignado, el cual constaría de solo dos personas para atender más de 5.000 requerimientos.

Ante esta situación, los vecinos manifiestan sentirse desatendidos por el personal de atención al público y solicitan celeridad, empatía y una respuesta institucional oportuna que garantice la seguridad física y la restitución del derecho a la vivienda de las familias afectadas.