El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó el proyecto de reforma parcial de la Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobado ayer en primera discusión por la Asamblea Nacional. El gremio periodístico reiteró su exigencia de derogación absoluta del texto legal, argumentando que la propuesta mantiene mecanismos de control sobre la libertad de expresión, establece sanciones económicas desproporcionadas y atribuye facultades punitivas al Poder Ejecutivo.

Puntos críticos del proyecto de ley

De acuerdo con el pronunciamiento del organismo gremial, las modificaciones planteadas no resuelven las fallas estructurales de la normativa vigente desde 2017 y presentan las siguientes afectaciones principales:

• Sustitución de prisión por sanciones financieras: Aunque el proyecto elimina las penas de 10 a 20 años de cárcel, incorpora multas calculadas entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor cotizada por el Banco Central de Venezuela (BCV), además de 200 a 600 horas de trabajo comunitario. El SNTP advirtió que estos montos pueden comprometer el patrimonio de comunicadores y medios independientes, induciendo a la autocensura.
• Facultades sancionatorias al Ministerio de Interiores: Se cuestiona la atribución de competencias al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para sustanciar y decidir procedimientos administrativos contra la difusión de opiniones, al considerar que la instancia carece de imparcialidad para actuar como árbitro de la expresión pública.
• Ambigüedad y retiro de contenidos: Persisten conceptos imprecisos como «zozobra», «temor» o «hostigamiento», lo que deja espacio a interpretaciones arbitrarias contra el trabajo de investigación periodística o la denuncia ciudadana. Asimismo, se mantiene la obligación de retirar contenidos digitales de forma inmediata sin la exigencia explícita de una orden judicial previa.
• Falta de reparación a las víctimas: La reforma no contempla medidas de revisión procesal, anulación de medidas cautelares o reparación para los afectados por la aplicación de la ley. El sindicato documentó que desde 2020 al menos 27 trabajadores de la prensa han sido judicializados mediante el artículo 20 de este instrumento.

El SNTP concluyó solicitando la apertura de una discusión inclusiva con participación de víctimas, organizaciones de derechos humanos y especialistas independientes, así como el cese definitivo de los procesos judiciales abiertos por el ejercicio del derecho a la información.