Desde enero hasta septiembre se han contabilizado al menos 198 agresiones y transgresiones hacia la comunidad LGTBI en Venezuela, según declaraciones ofrecidas este viernes por Glorielys Pérez, coordinadora general del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+.

La defensora de derechos humanos alertó sobre la persistencia de la «elevada desprotección y violencia institucional» que atraviesa este sector en la nación sudamericana. En este territorio, un hombre homosexual enfrenta trabas para la donación sanguínea, las personas trans se ven forzadas a emplear identidades legales que no coinciden con su vivencia de género y las uniones entre personas del mismo sexo carecen de validez jurídica, entre diversas restricciones.

La entidad civil ha sistematizado 150 discursos de odio o exclusión, 24 delitos motivados por prejuicios, 22 hechos de discriminación directos, una desaparición forzada y un caso de violencia intragénero.

En su balance, la plataforma rememoró la aprehensión arbitraria y extorsión sufrida por 33 hombres en mayo pasado a manos de fuerzas policiales durante una irrupción irregular en un recinto de entretenimiento LGBTI en el estado Lara (occidente).

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, las autoridades las señalaron por «incurrir en la tipificación de la homosexualidad», detalla el expediente.

Tiempo después, la Fiscalía General de la República (Ministerio Público) comunicó la privación de libertad de cinco agentes de seguridad y el inicio de un proceso de indagación legal.

La organización también reportó, hasta el corte de septiembre, el homicidio de dos integrantes del colectivo: un estilista ultrajado en mayo en su domicilio ubicado en el estado Sucre (oriente) y una joven trans de 23 años ultimada en agosto dentro de un centro nocturno en el estado Táchira (occidente).

Sobre las situaciones discriminatorias, la ONG destaca sucesos vinculados con la marginación en el ámbito familiar, la restricción o vetos de acceso a espacios nocturnos, barreras de inserción laboral, trabas para donar sangre y hostigamiento por parte de pares en entornos académicos o profesionales.

En 154 de los acontecimientos documentados, los victimarios fueron personas con «posiciones de poder», 23 casos correspondieron a ciudadanos particulares y 13 a agentes de organismos del Estado.

El observatorio —que finalizó el año previo con un cómputo de 372 agresiones— sostuvo que, tras la detención de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense en enero, la cúpula del poder se mantiene bajo «las mismas autoridades que en los últimos años han ejercido el control de los estamentos estatales y aplicado una estrategia sistemática de vulneración a las garantías fundamentales».

Asimismo, la agrupación censuró la «ausencia de planes y programas orientados a la diversidad de género» dentro de las labores de asistencia humanitaria ejecutadas tras el trágico doble sismo de junio pasado.

Dentro de sus planteamientos, la ONG exhorta a frenar las alocuciones de hostilidad, indagar los abusos institucionales, amparar y garantizar el trabajo de la sociedad civil y los activistas, e incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las acciones de ayuda humanitaria.

El pasado 31 de octubre, una gran concurrencia se concentró en la capital, Caracas, para demandar la reivindicación y pleno respeto de los derechos del colectivo LGTBI en el país.

Con información de: EFE