Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), solicitó este viernes 16 de octubre al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisar la continuidad de los tribunales penales de adolescentes procesados por terrorismo, tras advertir que la Resolución 2026-0010 —que retiró la competencia nacional en esa materia a cuatro juzgados de control de Caracas para redistribuir los casos a tribunales estadales— omite de forma expresa la situación de la jurisdicción penal juvenil y de los expedientes en curso.

Trapani enfatizó que la reforma judicial debe incluir la revisión de imputaciones, detenciones y el sobreseimiento de causas sin sustento probatorio, recordando que la calificación de terrorismo no reemplaza la evidencia penal ni debe vulnerar la justicia especializada que corresponde a la minoría de edad. Asimismo, alertó sobre los obstáculos económicos que representaba la centralización en la capital para las familias de regiones y exigió que el traspaso de expedientes no implique el mantenimiento automático de las privaciones de libertad, garantizando el derecho a la defensa, la continuidad educativa y la reparación integral de los procesados.