Entre los años 2024 y 2025, un total de 118 menores de edad fueron procesados judicialmente en Venezuela por infracciones tipificadas en la ley contra el odio. Este lapso coincidió con la convulsión social desatada tras los comicios presidenciales y la posterior ratificación de Nicolás Maduro en el poder, de acuerdo con el registro divulgado por Cecodap, organización no gubernamental enfocada en la salvaguarda de la infancia.

«No es solo una cifra. Son adolescentes que enfrentaron miedo, angustia e incertidumbre y la violencia de un sistema de justicia que no cumplió con las garantías mínimas previstas en la LOPNNA (Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente)», subrayó en su cuenta de X el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani.

Debate sobre una reforma o anulación

Las declaraciones del defensor humanitario surgieron luego de que Delcy Rodríguez, abogara la semana anterior por modificar la polémica legislación.

No obstante, diversas asociaciones civiles y formaciones opositoras han reclamado su supresión total, al argumentar que vulnera de forma flagrante la libertad de expresión y funciona como un mecanismo de hostigamiento contra la disidencia política.

«Si la ley va a reformarse, sus derechos también deben estar en la discusión», apuntó Trapani.

Antecedentes y cuestionamientos históricos

Cifras dadas a conocer recientemente por la ONG Foro Penal señalan que al menos 927 individuos han sido encausados por el cargo de «incitación al odio» desde la promulgación de la ley en 2017.

Dicho cuerpo normativo vio la luz en noviembre de aquel año bajo el impulso de la Asamblea Nacional Constituyente, un órgano instaurado de manera paralela al Parlamento de mayoría opositora en medio de un clima de masivas protestas callejeras. La medida respondió a una directriz del propio Ejecutivo para frenar los mensajes que, desde la óptica oficial, avivaron las movilizaciones registradas entre abril y agosto de ese periodo.

Con sanciones privativas de libertad que alcanzan hasta las dos décadas, la legislación ha sido objeto constante de repudio por parte de colectivos protectores de derechos fundamentales, como Espacio Público, que ya en 2023 advirtió sobre su empleo sistemático para sancionar opiniones críticas y discursos incómodos para las altas esferas del poder.