El rendimiento académico ha dejado de ser el factor principal para el ingreso a la educación superior en Venezuela. A través del baremo implementado por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), se aplican criterios socioeconómicos que, según denuncian los afectados, desplazan el promedio de notas, afectando especialmente a egresados de instituciones privadas y dejando en la incertidumbre a jóvenes con promedios superiores a los 17 puntos.
La falta de transparencia sobre el funcionamiento del algoritmo de asignación y la limitada oferta de cupos en las principales ciudades han empujado a numerosos aspirantes a incorporarse a la llamada «población flotante», al sector informal o a considerar la educación privada.
Asignaciones en áreas no elegidas y sedes distantes
Entre los casos registrados destaca el de Alejandro, un joven de 17 años residenciado en Caracas que egresó de un colegio privado con un promedio de 17 puntos. Tras postularse a carreras del área de la salud en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa), el sistema terminó asignándole un cupo en Economía Social en el núcleo de la Unefa en Tucupido, estado Guárico, a unos 300 kilómetros de su vivienda.
El estudiante señala que su familia no cuenta con los recursos económicos para cubrir traslados ni residencia fuera de su estado. A su juicio, el baremo vigente pondera la procedencia de planteles privados de forma desfavorable frente al mérito académico. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria y de la OPSU no han publicado un balance detallado sobre la ponderación exacta utilizada en el sistema.
Obstáculos logísticos y temor por infraestructura
Una situación similar enfrenta Mariana*, bachiller procedente del estado Aragua con opción de hospedaje en Caracas, quien buscaba ingresar a Arquitectura en la UCV. Tras agotarse las opciones en la capital durante tres fases de postulación, el portal de la OPSU le asignó un cupo en Turismo y Hotelería en la sede de la Unefa en La Guaira.
La asignación le plantea serias dificultades económicas por el costo del transporte interurbano entre Caracas y el litoral central, el cual supera los dos dólares por viaje. Adicionalmente, la aspirante y su familia expresan preocupación por el estado de las instalaciones universitarias tras los daños estructurales provocados por el terremoto registrado en junio pasado en la costa central. A la espera de reportes oficiales de Protección Civil, Mariana evalúa acudir a la sede principal de la Unefa en Chuao para solicitar un cambio de núcleo y evitar perder la oportunidad de estudiar.
Aumento de la población flotante
El fenómeno afecta también a bachilleres con promedios sobresalientes de promociones anteriores. Es el caso de Yelitza*, quien egresó con un promedio de 19 puntos e intentó sin éxito ingresar a Derecho en la UCV durante 2025 y el presente proceso. Al no obtener cupo en ninguna de las opciones seleccionadas, la joven se sumó a la población flotante y optó por incorporarse al campo laboral para costear sus estudios en el sector privado, debiendo cambiar su aspiración profesional a Administración de Empresas por razones económicas.
Organizaciones gremiales y docentes universitarios advierten que la ausencia de datos estadísticos oficiales sobre la cantidad de bachilleres no asignados dificulta el diseño de políticas públicas para la absorción estudiantil. Pese a que voceros oficiales informaron sobre la resolución de fallas técnicas en la plataforma de la OPSU, en redes sociales persisten denuncias de aspirantes con notas superiores a 18 y 19 puntos que no lograron asignación, evidenciando los obstáculos de acceso a la educación superior pública en el país.
