La organización no gubernamental Espacio Público advirtió que el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio, declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 15 de octubre, elimina las penas de prisión pero mantiene mecanismos que permiten sancionar y censurar el ejercicio de la libertad de expresión en el país.
Aunque la propuesta suprime las penas de 10 a 20 años de cárcel, el bloqueo de portales de noticias y la revocatoria de concesiones a medios, la ONG señaló que el texto traslada la facultad de sancionar directamente al Poder Ejecutivo. Bajo este esquema, el ministerio con competencia en justicia tramitará los procedimientos e impondrá multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros, junto con 200 a 600 horas de trabajo comunitario.
Alertan sobre vacíos legales y falta de reparación a víctimas
Espacio Público destacó que la propuesta conserva términos imprecisos para definir conceptos como «hostigamiento» o «mensaje discriminatorio», omitiendo los criterios internacionales del Plan de Acción de Rabat para diferenciar las opiniones o críticas legítimas de los discursos de odio. De igual forma, se mantiene la obligación para las plataformas de redes sociales de retirar contenidos de manera inmediata sin que exista una orden judicial, mientras que la vía penal sigue abierta a través del Código Penal.
Por otra parte, la ONG enfatizó que la reforma no establece la reparación integral a las víctimas. La propuesta no contempla la libertad de las personas detenidas bajo este marco legal, el cierre de los expedientes abiertos, la eliminación de antecedentes penales ni la devolución de concesiones a los medios afectados. Cifras de la organización señalan que entre julio de 2024 y julio de 2025 se registraron 73 detenciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, de las cuales 33 estuvieron vinculadas a imputaciones por esta ley.
Peticiones a la Asamblea Nacional
Ante esta situación, la organización solicitó a la Asamblea Nacional la derogación completa de la ley y la creación de un régimen transitorio que garantice la libertad plena de los procesados. En caso de continuar con la reforma, la ONG pidió realizar una consulta pública amplia, limitar las sanciones únicamente a la incitación intencional a la violencia o discriminación, fijar multas proporcionales a los ingresos económicos de las personas y eliminar la censura en plataformas digitales.
Comunicado: La reforma de la Ley contra el Odio elimina la cárcel pero mantiene la censura
