Reconstruir la infraestructura eléctrica de Venezuela exigirá un capital de hasta 40.000 millones de dólares y la aplicación de un plan estratégico cuya ejecución podría prolongarse hasta por diez años, como consecuencia de más de una década sin partidas presupuestarias destinadas a su mantenimiento y actualización. Así lo proyectó este miércoles la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem).
La hoja de ruta para la estabilización del sector podría oscilar «entre los 5 y los 10 años, con una inyección monetaria estimada entre 15.000 millones y 40.000 millones de dólares», aseveró el presidente de la institución, el ingeniero Gelvis Sequera. A través de una nota de prensa, el vocero cuestionó además la falta de transparencia gubernamental respecto a los acuerdos pactados recientemente con corporaciones energéticas extranjeras para la recuperación de la red nacional.
Sequera puntualizó que la banca multilateral y el capital privado de envergadura «no se gestionan mediante la asignación discrecional de fondos, sino que demandan ingeniería de valor verificable, estrictos protocolos de cumplimiento normativo (compliance) y la intervención directa de los colegios profesionales en las labores de supervisión e inspección».
A la par, el representante gremial denunció la exclusión del talento profesional venezolano en los procesos de contratación y licitación vinculados al sector energético.
Fallas estructurales y la hoja de ruta técnica
La Aviem —organismo especializado que actúa como entidad consultora y formula recomendaciones técnicas para la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)— determinó en sus diagnósticos que el colapso del servicio obedece fundamentalmente a la «saturación y colapso de la red de transmisión y de los centros de transformación».
Bajo la óptica del gremio, la resolución definitiva de la contingencia requiere de un «plan integral y auditable de acondicionamiento de subestaciones, el rescate de las arterias de transmisión principales, el ajuste a escalas salariales dignas» para la plantilla de operarios, y la «reactivación de la fiscalización y la auditoría técnica encabezada por las agrupaciones profesionales e ingenieriles de la nación».
Un colapso prolongado y acuerdos bajo la lupa
Si bien el país padece fallas en el suministro desde hace más de diez años, el deterioro de la red se ha agudizado de manera severa en el transcurso del último año. Sectores de la oposición y especialistas del área atribuyen la crisis a tramas de corrupción e ineficiencia en el mantenimiento preventivo, mientras que el Ejecutivo nacional responsabiliza a las sanciones financieras internacionales, a los efectos del fenómeno meteorológico El Niño y a presuntos actos de sabotaje.
El pasado 9 de octubre, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó sobre la proyectada incorporación a mediano plazo de aproximadamente 7.400 megavatios (MW) al SEN, tras alianzas estratégicas suscritas este año con la firma estadounidense General Electric y la compañía argentina Impsa.
Las declaraciones de las autoridades se producen en medio de un clima de constante malestar social, caracterizado por manifestaciones casi diarias debido a interrupciones del servicio eléctrico que alcanzan hasta 16 horas continuas en diversas regiones del país.
Con información de: EFE
