El presidente de Chile, José Antonio Kast extendió este lunes un llamado a los sectores opositores para alcanzar grandes acuerdos en torno a la ley de seguridad y reformular la estrategia para combatir la criminalidad organizada. Este movimiento político surge como respuesta inmediata al homicidio del cabo segundo de Carabineros, Cristopher Aguilera, ocurrido la noche anterior en la comuna de Lo Espejo, zona sur de la capital.

El hecho, que fue perpetrado por un ciudadano venezolano en situación migratoria irregular y con antecedentes judiciales previos en Chile, reforzó la agenda del mandatario chileno, orientada a la deportación de extranjeros que delinquen. Dicha materia migratoria ocupó un lugar central en la agenda internacional que Kast sostuvo la semana pasada con Delcy Rodríguez, en el transcurso de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

«Necesitamos el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió», declaró el jefe de Estado al encabezar su octavo consejo de gabinete este lunes.

En medio de una profunda efervescencia política, tanto agrupaciones oficialistas como fracciones opositoras reconocen que el Ejecutivo contempla la posibilidad de archivar la reforma constitucional en materia de seguridad —introducida en el Senado el pasado mes de agosto y blanco de múltiples objeciones— para redactar un texto alternativo sobre la base del consenso.

El proyecto de reforma constitucional, compuesto por ocho enmiendas a la Carta Magna, facultaba al jefe de Estado para decretar un estado de excepción por un periodo de hasta ocho meses sin la venia previa del Parlamento, además de restringir garantías fundamentales como la libre circulación, el derecho de reunión, la asociación y la interceptación de comunicaciones privadas.

Este articulado forma parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete que aglutina diecinueve proyectos legales en trámite legislativo, respaldados por una decena de normativas bajo diversas categorías de urgencia.

«Vamos a acelerar el tema de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) buscando la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas», dijo Kast.

El homicidio del cabo segundo de Carabineros

La información preliminar de la Fiscalía Regional Metropolitana señala que el cabo Aguilera se encontraba, junto a otro funcionario, realizando labores preventivas cuando se encontraron con un hombre que, al ver la presencia policial, extrajo un arma de fuego y disparó contra los carabineros, hiriendo de gravedad al agente que falleció horas después.

El atacante fue abatido por el policía que acompañaba a Aguilera y, según el Ministerio Público, era un ciudadano venezolano que se encontraba en situación migratoria irregular y contaba con antecedentes penales por porte ilegal de arma cortante o punzante.

«Vamos a plantearle a los parlamentarios poder avanzar rápidamente en aquellas normas que nos permitan enfrentar este tipo de situaciones como corresponde, deteniendo, reteniendo, expulsando, a cada una de las personas que, como el caso del delincuente detenido por carabineros, se encontraba en una situación irregular y con antecedentes», agregó Kast.

Durante su campaña presidencial, el mandatario vinculó la migración con la delincuencia y prometió la expulsión de 300.000 personas, de las cuales ha completado cerca de 1.270 hacia países como Colombia, Perú y Bolivia, mientras que las deportaciones a Venezuela se han visto obstaculizadas por la ruptura de relaciones consulares, apenas reestablecidas en agosto pasado.

Durante el gobierno de Kast, se han registrado cuatro homicidios a carabineros, de los cuáles el de Aguilera es el único en el que el atacante es un ciudadano extranjero.