El Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que más de 10.000 cupos penitenciarios permanecen fuera de servicio en establecimientos cerrados o desalojados en el país, situación que según lo indicado: elevó el nivel de hacinamiento en el sistema carcelario nacional a un 176,83 % durante el año pasado.

De acuerdo con el balance de la organización no gubernamental, los centros de reclusión registraron una población de 26.694 personas privadas de libertad frente a una capacidad operativa de apenas 15.096 plazas. El informe detalla que al menos 18 recintos fueron desalojados o clausurados en las últimas décadas, entre ellos Sabaneta, la Penitenciaría General de Venezuela, Yare I, Vista Hermosa y La Planta, lo que dejó a ciudades como Caracas sin penales activos y obligó al traslado masivo de procesados hacia otras entidades distantes.

Saturación en calabozos policiales y retardo procesal

El organismo señaló que la inoperatividad de las infraestructuras penitenciarias derivó en la permanencia prolongada de detenidos en centros de detención preventiva. En su informe especializado sobre el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el OVP contabilizó 7.414 personas recluidas en 157 dependencias de la policía científica, con un tiempo promedio de estadía de 615 días (aproximadamente un año y ocho meses), sobrepasando una de cada tres personas los dos años de reclusión temporal.

Asimismo, la organización enfatizó que el problema de la sobrepoblación se encuentra directamente vinculado con el retardo procesal. Las cifras del reporte anual revelan que más del 75 % de la población penitenciaria del país se encuentra en condición de procesada sin sentencia firme, proporción que alcanza a 6.518 de los 7.414 detenidos evaluados en las sedes del CICPC.