Wilber Rafael Garcés, un migrante venezolano de 28 años, se encuentra detenido en el centro de detención de Pearsall, en el sur de Texas, tras haber recibido un disparo por la espalda por parte de un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según denunció su defensa legal, el joven permanece con la bala alojada en su cuerpo, sin recibir analgésicos y durmiendo en el suelo.
El incidente ocurrió al mediodía del pasado domingo en la ciudad de Austin, mientras Garcés trabajaba realizando una entrega de comida a través de la plataforma digital DoorDash. De acuerdo con el relato del concejal de Austin, Mike Siegel, quien acudió al lugar de los hechos, un agente del ICE descendió de una camioneta sin identificarse y abrió fuego contra el vehículo en el que se encontraba el venezolano, el cual estaba estacionado.
Versiones encontradas sobre su estatus migratorio
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) confirmó la apertura de una investigación oficial sobre el suceso. Un portavoz de la dependencia alegó que Garcés ingresó al país de manera irregular bajo la administración del expresidente Joe Biden y que contaba con una orden de deportación definitiva.
Sin embargo, su abogada, Kate Lincoln-Jilguero, desmintió dicha versión al señalar a la agencia EFE que su cliente ingresó legalmente a territorio estadounidense a través de la aplicación oficial CBP One, implementada durante el anterior mandato para procesar solicitudes de asilo en la frontera.
Incremento de operativos violentos
Organizaciones y autoridades locales advierten que este caso se suma a una escalada en las operaciones de control migratorio bajo el segundo mandato de Donald Trump. Un informe publicado en julio por The Washington Post señala que los incidentes violentos protagonizados por agentes federales han dejado al menos seis conductores muertos y otros once heridos por disparos durante este tipo de operativos.
Asimismo, las campañas recientes de deportación han intensificado las detenciones de migrantes que ingresaron al país mediante vías legales previas, tales como permisos humanitarios, el Estatus de Protección Temporal (TPS) o la propia plataforma CBP One.
