El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de dos privados de libertad que padecían patologías graves en recintos penitenciarios de los estados Táchira y Bolívar. La organización exigió al Ministerio Público y a las autoridades judiciales iniciar una investigación inmediata sobre la atención médica brindada a las víctimas y la eventual existencia de dilaciones procesales.

Detalle de los casos

De acuerdo con el informe presentado por la ONG, los decesos registrados corresponden a:

• Rendy Ramón Ladera Araujo: Recluido en el Centro Penitenciario de Occidente I en Santa Ana, estado Táchira. Diagnosticado con leucemia, falleció el 26 de octubre en el Hospital Central de San Cristóbal. El OVP recordó que esta muerte se suma a las de Francisco Orellano y Yonny José Bastidas Briceño, ocurridas en el mismo penal en mayo y junio de 2026, respectivamente.
• Ildelfonzo Gil: Detenido de manera preventiva en los calabozos policiales de Guaiparo, en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Gil padecía un cáncer avanzado en el rostro y falleció la mañana del 27 de octubre. Su defensa había solicitado en tres oportunidades una medida humanitaria de arresto domiciliario ante el Tribunal de Violencia contra la Mujer de Puerto Ordaz, la cual fue negada consecutivamente. La organización alertó que, posterior a su muerte, se emitió una boleta de encarcelamiento domiciliario con fecha del mismo día del deceso.

Exigencia de investigaciones

El director del OVP, Humberto Prado, solicitó la intervención de las autoridades judiciales centrales, la jueza rectora y el Ministerio Público para evaluar las actuaciones del tribunal en el caso de Gil. Asimismo, exhortó al Estado a identificar con urgencia a los privados de libertad con enfermedades crónicas o terminales para otorgar las medidas humanitarias correspondientes.

Finalmente, el organismo advirtió sobre las cifras de sobrepoblación en ambas instalaciones. El CPO I alberga a más de 1.300 reclusos en un espacio proyectado para 800 personas (ocupación del 162 %), mientras que el centro de detención preventiva de Guaiparo aloja a 850 personas en una infraestructura diseñada para 100 (sobrepoblación del 566 %).