El Comité de Postulaciones Judiciales —integrado por 11 parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela y 12 voceros de la sociedad civil— quedó formalmente instalado este viernes, iniciando así la evaluación de los perfiles de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El legislador y presidente del órgano, Giuseppe Alessandrello, precisó que antes de iniciar la recepción de candidaturas, la instancia se congregará el próximo lunes para «ultimar algunos detalles», según difundió el Parlamento en sus redes sociales.
De igual forma, informó que en la sesión inaugural se ratificó de forma unánime tanto el reglamento interno como la agenda de trabajo.
Alessandrello detalló que se diseñará de manera conjunta una tabla de ponderación técnica con el fin de examinar los méritos académicos, la trayectoria laboral y las competencias profesionales de los postulantes. Asimismo, aclaró que los magistrados en funciones no tendrán la posibilidad de optar nuevamente por el mismo puesto.
Por otro lado, el politólogo Guillermo Tell Aveledo, en representación de la sociedad civil, resaltó que la elaboración de la normativa se realizó bajo principios de transparencia, cooperación y rigor.
Previamente, la Asamblea Nacional tomó juramento a los 12 miembros del sector civil que acompañan a los 11 diputados en esta comisión encargada de seleccionar a las autoridades del tribunal supremo, una medida orientada a cumplir con las pautas alcanzadas en las negociaciones entre el oficialismo y la oposición. La mayoría de estos integrantes son profesionales del derecho y mujeres postuladas a título personal o en representación de gremios, ONG y organizaciones sociales, tras superar un proceso de selección previo.
De acuerdo con un reporte elaborado por la organización Transparencia Venezuela, diez de los integrantes de esta comisión guardan afinidad con el sector gubernamental (ocho parlamentarios y dos miembros civiles). En tanto, nueve ciudadanos no presentan vinculaciones políticas conocidas, sobre una persona no se registran datos y tres puestos corresponden a diputados opositores.
De forma complementaria, operará un consejo conformado por siete juristas —cuatro de ellos propuestos por la oposición— que actuará como una instancia adicional de revisión para asegurar la equidad y la autonomía en el máximo órgano judicial del país. Esta figura forma parte de las pautas concertadas durante el proceso de diálogo orientado a la transición institucional.
Con información de: EFE
