La Fiscalía chilena solicitó una pena de 20 años de presidio contra Maickel David Villegas Rodríguez, integrante de la organización transnacional Tren de Aragua. El imputado es procesado por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, cometido en 2024, en un juicio oral que dio inicio este jueves en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Villegas fue extraditado desde Costa Rica a Chile en noviembre de 2024. El Ministerio Público sostiene que su rol consistió en recopilar material audiovisual para certificar la ejecución del crimen, en el cual operó como parte de la célula delictiva conocida como Los Piratas.

«Sin la participación, a juicio nuestro, de Maickel Villegas, no podría haber cometido este delito. Tenía una función muy relevante a pesar de que lo que se plantea por las partes contrarias, es que estaba ahí prácticamente de manera circunstancial», afirmó el fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Sur, Héctor Barros.

A la fecha, la causa por el crimen del exmilitar venezolano tiene a 32 personas individualizadas, 26 de ellas detenidas en Chile y seis con orden de detención vigente, además de un condenado: Ángelo Castillo, de 17 años al momento del secuestro, sometido a cinco años de reclusión bajo un programa de reinserción social.

El Homicidio

Ronald Ojeda, de 32 años al momento de su asesinato, huyó de Venezuela en 2017 tras enfrentar acusaciones de conspiración contra el gobierno de Nicolás Maduro. El Estado de Chile le otorgó el estatus de refugiado político a fines de 2023.

El persecutor Héctor Barros indicó que el móvil de este crimen difiere del modus operandi habitual del Tren de Aragua, apuntando directamente a la condición de opositor político de la víctima. En este contexto, la investigación fiscal indaga la existencia de presuntos pagos efectuados por figuras de la cúpula del régimen venezolano —entre ellos Diosdado Cabello— hacia los líderes de la estructura criminal para perpetrar el delito.

El Tren de Aragua, originado en recintos penitenciarios venezolanos, ha expandido sus operaciones a Colombia, Perú, Bolivia y Chile, donde las instituciones de seguridad le atribuyen delitos de alta gravedad que incluyen narcotráfico, extorsión, secuestro y homicidio.