Familiares de 77 individuos arrestados bajo la acusación de supuesto contrabando en la corporación estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) renovaron este lunes su solicitud de medidas sustitutivas, con el propósito de que los involucrados afronten su proceso judicial en condición de libertad, un beneficio otorgado desde principios de este año a los prisioneros de conciencia.

Este expediente, identificado como «PDVSA-Obrero», engloba a aprehendidos desde 2024 que no integran la nómina de la industria petrolera, así como a empleados de menor jerarquía de la compañía, además de efectivos policiales y castrenses. Los parientes han manejado cifras variables respecto al total de afectados: inicialmente contabilizaron 170, luego ajustaron a más de 150 y más tarde a 160.

Desglose de los afectados y denuncias de irregularidades

La abogada Zimarú Fuentes, pariente de uno de los procesados, detalló que cerca de 76 personas ligadas a este sumario han recuperado su libertad; sin embargo, precisó que aún permanecen privadas de su libertad «54 personas en Anzoátegui, diez en Carabobo, nueve en Falcón, una en el Distrito Capital y tres que recibieron sentencia el pasado 1 de octubre en La Guaira».

Durante un encuentro con los medios, Fuentes abogó por que los beneficios cautelares otorgados al bloque inicial de aprehendidos se hagan extensivos al resto, permitiéndoles «enfrentar su procedimiento y juicio fuera de las celdas».

Asimismo, la jurista denunció diversas anomalías procesales que, a su juicio, replican el patrón sistemático de encarcelamiento aplicado a los disidentes políticos. Añadió que el fiscal primigenio de la investigación, Jean Karín López Ruiz, fue imputado por hechos de corrupción y su paradero actual es un misterio.

Exigencia de asistencia médica y llamado internacional

En el mismo espacio, se reclamó atención sanitaria perentoria para cuatro reclusos: Larry José Moya, quien padece «complicaciones sistémicas severas»; Renier Macetti, afectado por dos infartos; y María Alejandra Rodríguez junto a Lenis Cruz, de quienes afirmó que requieren asistencia clínica inaplazable.

Por su parte, el legislador opositor Tomás Guanipa, presente en la conferencia de prensa, hizo un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para interceder a favor de este grupo.

«Al presidente (Donald) Trump, al secretario (de Estado) Marco Rubio, le queremos decir (…) todavía hay mucha gente presa que debería estar libre. Ustedes pueden ayudarnos como nadie a que estén libres», indicó.

El parlamentario exhibió un esquema gráfico bautizado como un «hampograma», el cual calificó como un «organigrama de delincuentes», apuntando directamente contra el exfiscal Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, y el defensor público general, Daniel Ramírez. «Deberían encontrarse hoy tras las rejas por el perjuicio que han infligido a esta nación», aseveró.

Para contextualizar el origen del caso, Fuentes recordó en febrero pasado que las capturas comenzaron en octubre de 2024 en la Refinería Puerto La Cruz (Anzoátegui), vinculando a los implicados con redes de tráfico ilegal de combustible hacia el exterior durante el período de mayores restricciones y sanciones internacionales impuestas por Washington contra Venezuela.